Los
tiempos electorales en México cada vez se ponen más calientitos. Pero no por la
contienda electoral, que esa sigue igual de sosa y hueca, pues así son las
propuestas de los partidos y sus candidatos, las mismas cosas de hace décadas,
sino por el ambiente que le quiere imprimir el crimen organizado. Los ataques
que hubo en Jalisco hace unos días, donde por primera vez en México aceptado de
manera oficial, fue derribado un helicóptero tipo Cougar por un lanza-cohetes
desde tierra. Aunque se ha hablado sobre que algunos accidentes aéreos
sucedidos a funcionarios del gobierno de Felipe Calderón, fueron ataques, esto
nunca ha sido confirmado, pero esta vez el gobierno, ante las evidencias, no
tuvo más que aceptar que una de las unidades del Ejército había sido atacada
por un arma de alta tecnología.
Sabemos
que el Operativo Rápido y Furioso perpetrado por el gobierno norteamericano
para introducir armas a México fue descubierto a raíz de la investigación que
se hizo sobre unas armas, rastreando el origen de sus números de serie, hasta
que finalmente no le quedó de otra al presidente Barack Obama que aceptar que
sus funcionarios de la DEA (Drug
Enforcement Agency), la agencia especializada en el combate al narcotráfico,
habían introducido armas a México de manera clandestina y que él desconocía
dicha situación. Lo cual obviamente lo dejó en entredicho. Felipe Calderón
primero declaró que no tenía conocimiento de dicha situación, aunque
posteriormente se fueron filtrando notas que hacían ver que el gobierno mexicano,
Calderón y el Procurador Medina Mora, sabían de dicho operativo.
Pues
bien, el tráfico de armas a México desde el norte del Río Bravo y también al
sur del Río Suchiate ha sido una constante que el gobierno mexicano no ha
podido o no ha querido interrumpir y ahora se han visto las consecuencias. El
mismo Peña Nieto ha declarado que el narcotráfico en México muchas veces está
mejor armado que el Ejército y la Marina mexicanos, lo cual obviamente es una
aceptación de la inferioridad del gobierno mexicano ante el crimen organizado.
Aunque situación podría no ser necesariamente fortuita, si como por ejemplo, en
el caso del Rápido y Furioso, que el mismo procurador tenía conocimiento de la
introducción de las armas y lo permitió, entonces cabe la duda de si nuestro
gobierno acepta que ciertos cárteles estén bien armados o no. Las fallas en el
Operativo Rápido y Furioso, en el que supuestamente la introducción de las
armas era para después rastrearlas y ver hacia que cárteles llegaban (por lo
menos eso fue lo que pretextaron los funcionarios norteamericanos), y que
resultó todo un fiasco, pues con esas mismas armas asesinaron a agentes
norteamericanos y ahí fue donde explotó el asunto.
Todo
esto sólo muestra que efectivamente, el narco en México está muy bien armado,
ya sea por agenciarse armas introducidas clandestinamente al país por el
gobierno norteamericano o ya sea por allegarse de las mismas a través de otras
fuentes, como grupos criminales ubicados en América Central, y que
principalmente trafican armas de origen ruso. La presencia de los Zetas en
Guatemala es ya una constante a la que el gobierno de ese país se enfrenta. Las
zonas fronterizas de México, como es la norte y la sur, son terrenos propicios
para todo este contrabando, y el gobierno mexicano, como en muchos otros
renglones, está inerte, de manera intencional o no.
Sin
duda, el ataque a la aeronave del Ejército en Jalisco, en la que viajaban tanto
militares como policías federales, se convierte en una advertencia, tanto para
el gobierno como para las fuerzas armadas, o se aplican o el narcotráfico
seguirá llevándoles la ventaja. Desgraciadamente al momento ya son ocho las
víctimas mortales de este ataque. Soldados, marinos y policías se convierten en
“carne de cañón” de este juego perverso entre las autoridades y el narco, por
eso la pregunta es: ¿Hasta que grado el gobierno mexicano está implicado en el
suministro de armas a los cárteles?.
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